La ciudad de Burgos podría enfrentarse a una pérdida de hasta 10 millones de euros por el retraso en la implantación de la Zona de Bajas Emisiones. Así lo ha avanzado este jueves el presidente del Servicio de Movilidad y Transportes (SMYT), José Antonio López, quien ha confirmado la prórroga de un año concedida por el Ministerio de Transportes para la implantación de esta obligación legal.
Tras valorar positivamente la concesión de esta prórroga, que se prolongará hasta el 31 de diciembre de 2024, con posibilidad de un año más previa justificación, López ha adelantado que el Ayuntamiento de Burgos creará una comisión negociadora con la empresa adjudicataria del contrato, para buscar la solución «más amistosa» y menos lesiva para el Consistorio.
El objetivo es minimizar el “desaguisado” generado en el proyecto de implantación de la Zona de Bajas Emisiones durante el pasado mandato. En este sentido ha destacado el “buen trabajo” del Ejecutivo municipal y, ante todo, de los técnicos implicados en el proyecto. “No se ha hecho ningún regalo a la ciudad. El Gobierno se ha limitado a aplicar la legalidad”, ha matizado el edil ‘popular’.
José Antonio López ha aclarado que el Ayuntamiento podría enfrentarse al pago de 1,2 millones de euros, una cantidad a la que habría que sumar el lucro cesante de la empresa, por lo que no ha querido restar importancia al asunto que en estos momentos está sobre la mesa.
Todo ello tras recordar que los fondos asociados a este proyecto se elevan hasta los siete millones de euros, ya que incluyen varios proyectos complementarios a la Zona de Bajas Emisiones. De esta forma la cifra podría elevarse hasta los 10 millones de euros.
Para tratar de solucionar esta situación, ha avanzado la constitución de una mesa negociadora con la empresa, de la que formarán parte miembros del equipo de Gobierno y técnicos municipales, cuyo objetivo será lograr “la opción menos lesiva para el Ayuntamiento”. De esta forma se pondrán sobre la mesa todas las posibilidades de negociación con la empresa, para buscar la solución «más amistosa posible» a la rescisión del contrato.
El presidente del SMYT no ha ocultado su malestar por el hecho de que el portavoz de la oposición, el socialista Daniel de la Rosa, se haya apresurado a dar a conocer esta noticia, a la vez que ha lamentado que ningún miembro del PSOE se haya interesado por la situación en la que se encuentra un proyecto que “debería haber dejado implantado” y que tendrá un coste importante para las arcas municipales a consecuencia del “caos” administrativo generado por el anterior equipo de Gobierno.