La Asociación de Turismo Rural de la provincia de Burgos (Turalbur) se opone y «no comprende» la intención de la Junta de Castilla y León de ampliar a municipios de más de 10.000 habitantes donde puede establecerse un alojamiento de turismo rural.
En este sentido recuerdan que en la actualidad un alojamiento rural sólo puede ubicarse en municipios de menos de 3.000 habitantes. La Junta alega una importante demanda de alojamientos de turismo rural por ser garantía de calidad del servicio y contar con instalaciones y prestaciones adecuadas a las necesidades actuales de los turistas y al tipo de ocio que demandan, vinculado al medio natural.
Desde el colectivo argumentan que, si bien es cierto que existe un amplia demanda de alojamientos de turismo rural, «esta se focaliza en momentos muy concretos (Semana Santa, puentes, semanas centrales de verano y fines de semana de primavera y otoño) lo que dificulta mucho la gestión profesionalizada y la rentabilidad de los negocios».
Según apuntan, una ampliación de las posibilidades de apertura de establecimientos de alojamiento rural en más localidades redundará en los índices de baja ocupación y pondrá en peligro la supervivencia de los ya existentes.
En este sentido es interesante conocer y analizar los datos de que la propia Junta de Castilla y León en su portal web recoge sobre el Turismo en Castilla y León. Así, por ejemplo, en el primer trimestre de 2023 la ocupación medía de los alojamientos rurales ha sido del 9,48%.
Pero este problema de baja ocupación va más allá de datos estacionales asociados al invierno. Así, por ejemplo, la ocupación media en 2022 fue del 17,28%, es decir más del 80% del año los alojamientos actualmente operativos están vacíos. Estas cifras no son circunstanciales puesto que existe una tendencia decreciente respecto a los datos de ocupación, así en el año 2000 se alcanza el 20,88% que se hunde hasta un 13,3% en los años más nefastos de la crisis iniciada en 2008.
Sin embargo la cifra de alojamientos de turismo rural y plazas disponibles ha seguido la evolución contraria, de 563 alojamientos en el año 2000 hemos pasado a 4.156 actualmente, y aunque las pernoctaciones también han aumentado, la correlación entre alojamientos y usuarios como hemos visto en los datos de ocupación no se acompañan.
Para Turalbur, todos estos datos deben llevar a una reflexión totalmente contraria al espíritu de la reforma legislativa. «El turismo rural ha de ser un sello de calidad, que garantice unos estándares altos de atención, un cuidado entorno y una experiencia positiva del usuario que le invite a repetir». En conclusión la alta demanda de alojamientos de turismo rural que se alega en la exposición de motivos «se aleja de la realidad cuando se hace un pequeño análisis de los datos recopilados por la propia Junta de Castilla y León».
Por otra parte en la misma exposición de motivos se señala que “se constata que la mayor parte de los municipios de Castilla y León cuentan con una población de hasta 10.000 habitantes. Estos municipios tienen un carácter eminentemente rural por el tipo de actividades que desarrollan, y su arquitectura es respetuosa con la tradicional de la zona”.
Desde el colectivo insisten en que calificar de rural núcleos urbanos de hasta 10.000 habitantes como eminentemente rurales es «desconocer la realidad social de nuestro territorio». Estos municipios ejercen en la actualidad de centros de servicios para varias comarcas, ya concentran actividades económicas que garantizan su viabilidad y una cierta tendencia a absorber población de su entorno.
Además consideran «falsa» la referencia a una “arquitectura tradicional respetuosa”, cuando en su mayor parte son núcleos urbanos con desarrollos arquitectónicos de los años 70, 80 hasta la actualidad, con amplias zonas de bloques de viviendas en altura y más recientemente urbanizaciones en extensión con viviendas adosadas y chalets, que se alejan completamente de la arquitectura tradicional de ámbito rural en Castilla y León.
Desde Turalbur se plantean que etiquetar como rural los alojamientos en estos espacios urbanos generará confusión en nuestros potenciales clientes, con un impacto negativo en sus expectativas que llevará a degradar la marca de turismo rural asociado a la marca de Castilla y León.
Competencia inasumible
Por ejemplo, si algo caracteriza a un usuario del turismo rural es la búsqueda de la tranquilidad y calma asociada al concepto rural, en contraposición los núcleos de 10.000 habitantes de nuestro territorio tienden a agrupar la oferta de ocio de nocturno de las comarcas que los rodean, lo que implica índices de ruido y actividad callejera nocturna muy superiores a los esperados por un usuario del turismo rural y que puede llevar a una experiencia negativa que redunde en una negativa imagen que afecte a todo el sector.
Si ya la despoblación de los núcleos rurales pequeños es un problema acuciante que parece irreversible, facilitar la competencia de núcleos urbanos «redundará en una competencia inasumible que vacíe todavía más nuestros pueblos».
Al mismo tiempo señalan que este planteamiento de calificar como rural municipios de hasta 10.000 habitantes «contrasta con otras actuaciones de la propia Junta de Castilla y León». Ponen como ejemplo el programa Rehabitare de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación de Territorio, que limita su actuación en vivienda a rural a municipios de hasta 5.000 habitantes. «El mismo límite se pone para la rehabilitación energética de municipios en retro demográfico de la Consejería de economía y Hacienda», recuerdan. Actuaciones que ponen de manifiesto «la incoherencia de la propuesta de la Consejería de Turismo».
Por último y retornando a la exposición de motivos de la propuesta; “se puede destacar la participación y la colaboración específica de los órganos competentes en materias directamente relacionadas con su contenido, y de los principales agentes afectados por la norma en la tramitación del proyecto de decreto”.
Al mismo tiempo señalan que la propuesta de nueva regulación normativa se ha realizado «sin consultas a la mayor parte de los agentes de sector, ya que si se nos hubiese consultado y atendido nuestras sugerencias la modificación normativa iría orientada en otra dirección».
Plantean un mayor control de los alojamientos ilegales y alegales que operan nuestra Comunidad Autónoma, un seguimiento de la calidad de los alojamientos existentes, o la persecución de los alojamientos que operan de forma fraudulenta con la marca “rural”.
También consideran fundamental u mayor apoyo a la digitalización y presencia en redes sociales de los establecimientos, la desestacionalización de los usuarios de alojamientos rurales, o la promoción específica de Castilla y León como destino de turismo rural poniendo en valor el entorno natural, el patrimonio cultural más desconocido y la calidad de nuestros alojamientos.