El vicepresidente primero de la Diputación de Burgos, Borja Suárez ha respondido a las declaraciones controvertidas de Esther Peña, secretaria general del PSOE de Burgos, quien anunció de manera ligera e irresponsable la inversión de 5,5 millones de euros por parte del Gobierno de España en los proyectos culturales de Valpuesta y Clunia.
El vicepresidente de la Diputación, Borja Suárez, criticó a Peña por atribuir al Gobierno de España esta inversión, cuando en realidad son la Junta de Castilla y León y la Diputación Provincial de Burgos quienes llevan a cabo las inversiones.
Según Suárez, las declaraciones de Peña estaban motivadas por intereses políticos y electorales, especialmente porque no existe ninguna notificación oficial que indique que se han resuelto alguno de los proyectos presentados. El portavoz del PP en la Diputación recordó todas las acciones realizadas por la Diputación y la Junta de Castilla y León en estos dos lugares de la provincia.
Suárez destacó que en Valpuesta se ha invertido casi 2 millones de euros por parte de la Diputación, la Junta de Castilla y León y el Arzobispado, y el último contrato se formalizó el 23 de abril de este año. Además, aclaró que la financiación de los proyectos proviene de fondos europeos, no del Gobierno de España, como Peña ha sugerido.
La Diputación también tiene planes de invertir cerca de 1 millón de euros en el proyecto de Valpuesta para ensanchar la carretera BU-V-5583 en 1,7 km. El objetivo es ampliar la carretera en 1 metro, permitiendo un ancho de 8 metros para que los vehículos puedan transitar. Este proyecto tiene un plazo de ejecución de 4 meses y se espera que esté terminado a finales de este año.
Además, la Diputación tiene previsto crear un aparcamiento en la entrada de Valpuesta con 25 plazas de estacionamiento y 2 para autobuses. Estas acciones buscan anticiparse a problemas como los ocurridos en Orbaneja, derivados de la falta de infraestructuras para recibir a los turistas.
En cuanto al proyecto de Clunia, la cantidad de inversión se ha tenido que ajustar, limitándose a 2,4 millones de los 3,6 millones planteados inicialmente, un ajuste aprobado por la Junta de Castilla y León.