El Grupo Provincial Socialista elevará al Pleno de la Diputación de Burgos de este viernes una propuesta para que se incremente la participación de los municipios en los ingresos de la Comunidad al menos un 25 por ciento. Los socialistas advierten de que las entidades locales se están viendo afectadas por el alza de los costes de los servicios públicos locales y autonómicos como la educación o la atención primaria, a consecuencia de la crisis energética y de precios ocasionada por la guerra de Ucrania.
En este sentido argumentan que el aumento de los costes de energía y combustibles está ocasionando que tengan que destinar una gran parte de su presupuesto a gasto corriente para pagar las facturas de luz y calefacción en los centros públicos (escuelas infantiles, bibliotecas, centros cívicos o instalaciones deportivas) y también de los servicios de titularidad autonómica que se prestan en instalaciones locales (colegios, consultorios médicos, servicios sociales).
Este aumento del gasto corriente obliga a detraer de otros servicios como programas de lucha frente a la despoblación, de ayudas a personas y colectivos vulnerables o de inversiones necesarias para asegurar la calidad material del espacio público local. A todo ello hay que añadirle el excepcional incremento de los costes de los bienes y servicios en general que ha provocado una muy considerable inflación.
Los socialistas insisten en que la solución a esta situación coyuntural debe pasar por la colaboración entre todas las administraciones. En este sentido recuerdan que el Gobierno de España ya ha adoptado algunas medidas eficaces como la suspensión desde 2020 las reglas fiscales y de techo de gasto, la transferencia de 1.816 millones de euros de fondos Covid a Castilla y León, otros 2.196 millones de euros de fondos europeos y 1.646 millones de euros más de financiación autonómica. A lo que hay que sumar el incremento de un 5 por ciento de los fondos que van a recibir los ayuntamientos de la participación de tributos del Estado con respecto a ejercicios anteriores.
Sin embargo, en Castilla y León, por desgracia, los ayuntamientos no han visto reflejada la eficacia de algunas de esas medidas adoptadas. Esta situación se agrava cuando se constata que Castilla y León sigue estando por debajo de la media en cuanto a la financiación de las comunidades autónomas a sus ayuntamientos, que se sitúa en 159 euros, mientras que en Castilla y León se queda en 127,70 euros. La diferencia de 31,30 euros, es el déficit de financiación de las entidades locales de Castilla y León respecto a la media nacional. Teniendo en cuenta los 2,3 millones de habitantes de la Comunidad en 2020, son 74,9 millones de euros los que dejan de percibir los ayuntamientos de la misma respecto de la media del conjunto de España.
Las transferencias de la Junta de Castilla y León a los ayuntamientos está dos puntos porcentuales por debajo de la media de las comunidades autónomas y además desde 2020, estos fondos son condicionados, por lo que la Junta les obliga a que gasten el dinero en cuestiones predeterminadas, aunque estas no coincidan con las necesidades reales de las entidades locales.
Por eso consideran necesario que la Administración autonómica tome «de manera urgente e inexcusable» las medidas oportunas para paliar esta situación y facilitar la labor que realizan los ayuntamientos.
Así las cosas el PSOE propone instar a la Junta para que incluya en los nuevos presupuestos para 2023 un incremento en la participación de los municipios en los ingresos de la Comunidad de al menos un 25 % (mismo porcentaje de aumento que ha hecho el gobierno de España con la financiación para Castilla y León), transfiriéndolos de forma anticipada para poder hacer frente al incremento de los gastos derivados del aumento de los precios con total garantía y seguridad.
También quieren solicitar a la Junta que además de incrementar la financiación ordinaria para los gastos de energía y combustible derivados de la prestación de servicios de competencia autonómica, se establezca un Fondo Extraordinario para poder hacer frente a las necesidades provocadas por la realidad del incremento de los precios y costes de los bienes y servicios.
Por último platean que este incremento de fondos y el conjunto de la financiación de las entidades locales con cargo a la Comunidad tenga naturaleza de fondos no condicionados, permitiendo así adaptar el gasto corriente local a las actuales circunstancias, de acuerdo al contexto económico y social de cada municipio y con respeto a la autonomía local.