La situación ferroviaria que atraviesa Miranda de Ebro después del proceso de desmantelamiento del Taller de Material Remolcado se puede calificar como delicada. Y es que tras el cierre de esta instalación, la ciudad ve como poco a poco comienza a perder un patrimonio que siempre ha ido muy ligado a ella.
Es por lo que el futuro ferroviario se divisa como una auténtica incógnita y con el ánimo de poner luz el Grupo Parlamentario Popular ha defendido en las Cortes de Castilla y León una Proposición No de Ley para exigir garantías sobre este futuro.
Lo ha hecho mediante la procuradora mirandesa Belén Vélez, quien además ha reclamado al Gobierno de España que sus inversiones «se traduzcan en actividad y empleos reales, y no se queden en meros anuncios» .
La actualidad mediática de los últimos meses ha estado copada, en gran parte, por el cierre del Taller de Material Remolcado de Renfe y Vélez ha reconstruido la cronología de este cierre desde la desescalada de actividad, el traslado de actividad a Material Motor hasta el final del desmantelamiento.
«Cuando presentamos esta PNL planteábamos evitar el cierre. Hoy sabemos que el proceso ha avanzado, y precisamente por eso esta iniciativa es más necesaria que nunca», ha subrayado Vélez, quien añade que «el cierre de unas instalaciones puede ser irreversible; la pérdida de actividad industrial no tiene por qué serlo. De eso estamos hablando hoy».
Ahora bien, desde el Grupo Parlamentario Popular valoran positivamente el paquete de inversiones para la ciudad, el mantenimiento del empleo de la plantilla de Renfe y o la posible planta de reciclaje, aunque piden «concreción» .
«Celebramos cualquier inversión, cualquier proyecto y cualquier empleo que se mantenga en Miranda. Pero una cosa es anunciar inversiones y otra garantizar el futuro industrial de la ciudad; una cosa es garantizar la recolocación de los trabajadores de Renfe y otra garantizar toda la actividad económica que generaba el taller, incluidas las empresas auxiliares» , indica la procuradora.
En este sentido, Vélez plantea diversas cuestiones como qué inversiones están comprometidas y con qué calendario, qué nuevas cargas de trabajo llegarán a Miranda, cuántos puestos directos se mantienen o cuál es la estrategia de Renfe para la ciudad dentro del futuro del transporte ferroviario de mercancías.
Vélez ha detallado que la PNL «no se limita al primer punto, tiene cinco apartados que siguen plenamente vigentes»: solicitar la paralización de cualquier actuación que suponga el cierre hasta disponer de toda la información y estudiar alternativas; garantizar el mantenimiento de la actividad industrial y de los puestos de trabajo directos e indirectos; abrir un proceso de diálogo real entre el Gobierno de España, Renfe, los trabajadores, los sindicatos, las administraciones y los agentes económicos y sociales; impulsar un plan de viabilidad y modernización que asegure la continuidad y la competitividad del taller; y garantizar información periódica sobre las actuaciones y los resultados obtenidos.
La procuradora ha subrayado que esta posición «es la que la propia Junta de Castilla y León considera razonable y necesaria«, ya que ha informado favorablemente la iniciativa, considera que «deben agotarse todas las vías para garantizar la continuidad» .
La Consejería de Industria, ha añadido, reconoce que la desaparición del taller supondría «una pérdida relevante de empleo cualificado, afectaría al tejido económico e industrial de Miranda y reduciría las capacidades industriales del sector ferroviario en Castilla y León».
«Miranda no pide un trato de favor: pide que se valore lo que tiene. Tiene trabajadores cualificados, tradición ferroviaria, instalaciones, ubicación estratégica y capacidad para seguir formando parte del futuro ferroviario de Castilla y León», ha concluido la procuradora.
