El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha firmado un convenio con diez comunidades autónomas para implantar una licencia interautonómica de caza y pesca en aguas continentales. Entre las regiones que se han sumado a este acuerdo se encuentra Castilla y León, junto a Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha, Comunitat Valenciana, Extremadura, Galicia, Madrid, Asturias y Murcia.

El convenio, publicado en el Boletín Oficial del Estado, permitirá a los cazadores y pescadores practicar estas actividades en todo el territorio de las comunidades firmantes utilizando una única licencia, sin necesidad de solicitar permisos diferentes en cada autonomía. El objetivo principal es simplificar los trámites administrativos y facilitar la movilidad de los usuarios entre distintos territorios.

Este nuevo acuerdo sustituye al marco legal aprobado en 2017 y supone un avance importante al incorporar a Castilla-La Mancha y Andalucía, que no formaban parte del convenio anterior. Con su adhesión, el sistema amplía su ámbito territorial y ofrece más posibilidades a los aficionados a la caza y la pesca.

Las licencias tendrán una validez de un año y contarán con un precio único para todos los territorios adheridos. En el caso de la licencia de caza, el coste será de 70 euros, mientras que la de pesca en aguas interiores tendrá un precio de 25 euros.

El convenio también establece un sistema de coordinación entre administraciones para compartir información sobre infracciones. De esta forma, si una persona es inhabilitada para cazar o pescar en una de las comunidades adheridas, la sanción será efectiva automáticamente en todas las demás.

El funcionamiento del sistema se apoyará en la plataforma digital Licicaz-web, desarrollada por el Ministerio de Agricultura. Esta herramienta permitirá el intercambio automático de información entre las distintas administraciones y facilitará la gestión de licencias, altas, bajas y verificación de requisitos en tiempo real.

Desde el ministerio destacan que esta medida contribuye a reducir la burocracia, mejorar la gestión de los recursos naturales y favorecer la actividad económica vinculada a la caza y la pesca en el medio rural.

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