El Ayuntamiento de Burgos recurrirá la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León que anula la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) aprobada en 2021 en la que se limitaba la implantación de nuevas salas de juego en zonas residenciales, una propuesta de la Asociación burgalesa para la Rehabilitación del Juego Patológico.
El Consistorio recurrirá ante el Tribunal Supremo esta decisión pero ya piensa en «un plan B» en caso de que este recurso no prospere, ha señalado el concejal de Urbanismo, Daniel Garabito. Una de las propuestas que se tienen sobre la mesa es ampliar los límites que marca la Junta de Castilla y León en cuanto a distancia o señalar zonas saturadas de salas de juego, que estaría permitido al entender, desde el punto de vista jurídico, que el Ayuntamiento si tiene competencias en la materia, lo que supondría una nueva modificación que «esté mas argumentada y justificada».
Desde el TSJCyL indican que esta modificación contradice a la de 2016 en la que se modificó puntualmente para que hubiera un uso terciario recreativo con el objetivo de enriquecer la ciudad no para que hubiera más casas de apuestas, sino también salas de juego infantil. por ejemplo.
Garabito ha hecho hincapié en que «la modificación contó con el apoyo de todos los grupos políticos» cuando se aprobó en 2019, «algo raro» en el Ayuntamiento pero que sirve para ver el respaldo social que tenía esta medida. Otra de las propuestas en caso de que no prospere el recurso es empezar un nuevo proceso que de más motivos de esta limitación, como también proponen desde Podemos.
Así lo ha comunicado su portavoz, Marga Arroyo quién ha pedido también que se haga «una encuesta ciudadana» y se presente «un informe del Colegio de Psicólogos de Burgos» en este posible nuevo procedimiento, que también llevaría a que durante los años que dure, no se puedan abrir más casas de apuestas en los barrios burgaleses.
Arroyo pide además que el Ayuntamiento de un paso delante e incluya «en su Plan de Drogodependencia la ludopatía como adicción sin sustancia» ya que desde 2022, la OMS la considera una enfermedad mental.
Por su parte, esta sentencia ha causado “incredulidad” en la Asociación Burgalesa de Rehabilitación del Juego Patológico (ABAJ), que ha lamentado “que se juegue con la salud y con la vida de enfermos”. Su psicólogo, David Burgos, ha recordado que “un estudio sitúa en un 40% los ingresos de estos negocios que proceden de personas enfermas, de ludópatas”, una cifra que podría “quedarse corta. Tenemos un teléfono 24 horas operativo al que llaman madres, parejas, llorando por los dramas que esta lacra que es el juego generan”, ha dicho. “Es raro el día que no hay al menos una llamada de alguien pidiendo ayuda”, ha recordado Burgos.
Junto a David Burgos han estado presentes también Conchi Gil y Sergio Maján, presidenta y vocal de la ABAJ, quienes además de explicar su caso particular y los problemas que el juego les ha ocasionado, han pedido a las administraciones “ayuda” para evitar que el juego “esté tan accesible, sea tan fácil acceder a él” en las ciudades actuales. “Este es un negocio en el que el jugador va a perder. Siempre. Y cuando se produce la adicción se pierden no solo recursos económicos sino la salud, el tiempo con la familia…” ha especificado David Burgos. “Nos parece incongruente por parte de la justicia que se fomenten las adicciones y que se hable de negocios cuando son empresas que viven del sufrimiento de personas enfermas”, ha concluido.