El Partido Castellano – Tierra Comunera, ante la Junta General de Accionistas que se celebrará el próximo 21 de diciembre, solicita al Ayuntamiento de Burgos que olvide la idea de disolver la Sociedad Deportiva del Real Burgos, y articule otro tipo de solución para una entidad de la que es accionista de referencia, a pesar, de “sólo” poseer un 27,7% del accionariado, la mayoría del capital está en manos de empresarios burgaleses y cientos pequeños accionistas que poseen el 65,3%, además del 6,9% de la Diputación Provincial.
La entidad deportiva se convirtió en SAD (Sociedad Anónima Deportiva) al término de la temporada 1991-92. «En una inexplicable decisión el Ayuntamiento de la ciudad, entró a formar parte de la entidad, para posteriormente tomar los responsables políticos de PP y PSOE, las riendas del equipo, copando la mayoría de los puestos del Consejo de Administración» señala el PCAS en su comunicado. «El equipo pasó en dos temporadas de acabar en el 9º puesto de Primera División, a descender a 2ªB, además de acumular una importantísima deuda, provocada principalmente por la incapacidad de los políticos (PP y PSOE) presentes en el Consejo de Administración».
El Pleno del Ayuntamiento cedió la gestión del Real Burgos a Juan Antonio Gallego en 1994, a partir de ese momento el Consistorio «se desentendió de la gestión de la entidad» señala el PCAS, pasando el actual Presidente a articular «los mecanismos jurídicos y económicos necesarios para preservar el patrimonio municipal que supone el Real Burgos, reduciendo sus deudas a cero, y llevándolo incluso a competir en categoría nacional».
Apuntan que «antes estas circunstancias, en la que la entidad no supone ningún coste para las arcas públicas, y a la entidad no se le ha ofrecido ningún apoyo en las dos últimas décadas, desde las filas castellanistas no se entiende la intención de acabar con una parte de la historia del deporte burgalés». Desde el Partido Castellano culpan al alcalde Daniel de la Rosa de querer llevar a cabo esta disolución y acusan de «animadversión personal» hacia el actual Presidente de la Sociedad.
Por eso creen que el Ayuntamiento como accionista de referencia tiene «la obligación de preservar su Patrimonio, el de decenas de empresarios, y el de cientos de burgaleses» , y buscar una solución. Proponen que se lleguen a acuerdos de filialidad, venta o incluso, utilizarla para articular una rentabilidad social.