La Asociación de Turismo Rural de la provincia de Burgos (TURALBUR) se opone al nuevo sistema de Registro de Viajeros por considerarlo «excesivamente inquisitorial», principalmente para la clientela que a su juicio «son tratados casi como delincuentes, pues se les obliga a facilitar infinidad de datos de alta sensibilidad, al realizar una reserva en un establecimiento» señalan desde Turalbur en un comunicado
Desde el pasado 2 de enero los establecimientos de Turismo Rural deberán de recoger de 9 a 31 datos de cada uno de sus clientes, muchos de ellos, datos que nada tienen que ver con la actividad turística. Alguno de ellos ya se remiten a la Guardia Civil como el nombre y apellidos, sexo, DNI, nacionalidad, pero ahora se solicitan otros como lugar de residencial; teléfono fijo y móvil, correo electrónico, relación de parentesco entre los viajeros, datos de la transacción económica, datos del contrato; datos de la ejecución del contrato, datos del inmueble a alquilar, del pago, titular del medio de pago, fecha de caducidad de la tarjeta, fecha del pago.
Añaden que esta recolección de datos ha de hacerse tanto al realizar la reserva como al inicio de los servicios contratados y guardarla al menos tres años. En caso de que se incumpla, las sanciones pueden alcanzar hasta 30.000 euros.
El Ministerio del Interior ha habilitado una plataforma online para facilitar el registro. Está operativa desde el día 2 de enero, aunque se ha establecido un periodo de adaptación al nuevo sistema de, hasta el 2 de junio. Sin embargo no ha habilitado ninguna APP que pudiera facilitar el proceso, tampoco las existentes se han adaptado a la exigencia.
A juicio de TURALBUR, «esta recogida de información supone cargas administrativas innecesarias y accesorias, que consideramos inadmisibles. Los propietarios recuerdan que la medida vuelve a incidir en penalizar la actividad legalizada, mientras los miles de alojamientos turísticos no dados de alta, seguirán campando a sus anchas, sin enviar ningún tipo de dato, y sin declarar un sólo euro de lo recaudado».
La Xunta ya solicitó la paralización del Decreto, desde TURALBUR se pide a la Junta de Castilla y León que haga lo mismo.