El Aula Agraria de Fundación Caja Rural de Burgos ha abordado este martes los principales cambios normativos de la Política Agraria Común y los desafíos y oportunidades en el sector agrícola este año en Castilla y León.
El director de Cajaviva Caja Rural, Ramón Sobremonte, ha estado acompañado por el Director General de Política Agraria Comunitaria de la Junta de Castilla y León, Ángel Gómez Rivero, que ha presentado a los profesionales del campo las principales novedades normativas, incidiendo en la condicionalidad.
La protección ambiental ha establecido las limitaciones productivas a la agricultura y a la ganadería. Según Gómez, frente a la falta de flexibilidad a esas limitaciones productivas, los ganaderos y agricultores se han mostrado reticentes.
Además, la compra a terceros países, ajena a estos requisitos, es otra de las reivindicaciones de la agricultura española, que exigen los mismos controles en la condicionalidad, la base de la arquitectura verde que incluye las obligaciones de la PAC en forma de Requisitos Legales de Gestión (RLG) y de Buenas Condiciones Agrarias y Medioambientales (BCAM) que han de cumplir las personas beneficiarias de esta política para no ver reducidas sus ayudas.
Respecto a la modificación de la PAC, derivada principalmente de las protestas del campo hace un año, Gómez considera que ha habido mejoras en los intercambios comerciales.
Sin embargo, el director general de la Política Agraria Comunitaria de la Junta ha criticado las modificaciones del Gobierno de España. Hace varias semanas la Junta solicitó al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación la modificación del Plan Estratégico de la Política Agraria Comunitaria (PEPAC) 2023-2027 con el objetivo de reforzar la figura del agricultor profesional y de simplificar la gestión de los ecorregímenes.
Por último, Gómez ha apuntado que el número de beneficiarios de la PAC en 2024 con el derecho de ayuda básica ronda los 59.000, una cifra que disminuirá ligeramente en 2025, aunque la reducción no afectará al presupuesto.