La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), tras la gran manifestación celebrada el sábado 14 ante la Dirección General de Muface en Madrid, con unas 40.000 personas llegadas de todas las comunidades de España (entre ellas 2.500 de Castilla y León), ha continuado con sus movilizaciones este lunes para reclamar la mejora de las condiciones laborales y salariales de los empleados públicos y en defensa del mantenimiento de la asistencia sanitaria de MUFACE.
Miles de empleados públicos, entre ellos docenas de las nueve provincias de Castilla y León, se han concentrado hoy ante las subdelegaciones de Gobierno en toda España para exigir al Gobierno que desbloquee la negociación colectiva de las condiciones laborales que afectan a los empleados públicos en diferentes ámbitos (salarial, empleo público, condiciones de jubilación, jornada, teletrabajo, entre otros), convocados por la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas.
Las movilizaciones se han producido en Burgos frente a la subdelegación del Gobierno al igual que en todas las provincias del país y, en Madrid, frente al Ministerio de Hacienda. Desde el CSIF recuerdan que desde que se constituyó el Gobierno, en noviembre de 2023, no se ha convocado la Mesa General de las Administraciones Públicas para negociar estas cuestiones.
Por ello, CSIF considera «urgente» negociar la subida salarial del próximo año, un nuevo acuerdo salarial así como la oferta de empleo público para 2025, «teniendo en cuenta que el Gobierno ha sido incapaz de sacar adelante unos Presupuestos Generales del Estado», señalan.
Por otra parte, también en materia de retribuciones, el Tribunal Constitucional ha admitido un recurso de amparo presentado por CSIF contra la decisión de la mesa del Congreso de los Diputados que mediante acuerdo de 16 de mayo de 2023 rechazó tramitar una Iniciativa Legislativa Popular impulsada por CSIF para que los empleados públicos recuperen la estructura salarial previa los recortes de Zapatero en 2010.
El alto tribunal, mediante providencia de 2 diciembre de 2024 acuerda su admisión a trámite ya que en este caso “concurre una especial trascendencia constitucional porque el asunto suscitado trasciende del caso concreto y pudiera tener unas consecuencias políticas generales” y requiere a la Presidenta del Congreso para que en el plazo máximo de 10 días remita al Tribunal certificación del expediente.
«Estos recortes que siguen en vigor desde 2010 supone que los empleados públicos en esta última década hayamos trabajado entre 13 y 18 meses gratis, en función de los Grupo Profesional al que pertenezcan. Esta situación se suma a la pérdida global del 20 por ciento del poder adquisitivo desde la bajada salarial de 2010», apuntan.