El concejal del Grupo Municipal Popular, César Barriada, ha denunciado la cantidad de expedientes anulados y caducados que tiene el Ayuntamiento de Burgos en materia de seguridad vial. Barriada ha afirmado que «Burgos tiene un problema con la seguridad vial» y los datos reflejados de accidentes y atropellos son una realidad. Sin embargo, denuncian que las expedientes sancionadores no se lleven a cabo hasta el final.
En 2022 se totalizaron pérdidas por valor de más de 400.000 euros y ya en los dos primeros meses de 2023 hay 111.000€. En concreto, ya hay 49.900 euros expedientes caducados y otros 61.144€ anulados. En 2022 fueron cerca de 223.000€ anulados y 170.000 caducados.
«En el Pleno de diciembre solicitaron explicaciones sobre estas caducidades y anulaciones y desde el equipo de Gobierno se comprometieron a hacer llegar un informe que aún no ha llegado», ha reprochado Barriada. Desde el PP desconocen el porqué se han anulado o caducado estos informes.
Barriada ha señalado que algunas de estas sanciones son «serias e importantes», como la conducción bajo los efectos del alcohol o drogas y ha calificado como «un atropello municipal a los esfuerzos por mejorar la Seguridad Vial».
Estas declaraciones han tenido una rápida respuesta del equipo de Gobierno, acusando a los populares de manipular estadísticas con fines populistas.