La supresión del Impuesto sobre Donaciones en Castilla y León ha beneficiado a un total de 4.506 burgaleses, lo que ha supuesto un ahorro fiscal de 33 millones de euros en la provincia y ha permitido realizar donaciones por valor de 218 millones de euros.
Así se desprende del balance de recaudación por Sucesiones y Donaciones presentado este martes en Burgos por el consejero de Economía y Hacienda y portavoz, Carlos Fernández Carriedo, quien ha recordado que este impuesto se eliminó en la Comunidad en mayo de 2021.
Carriedo ha señalado que la supresión del Impuesto ha permitido reducir al 99 por ciento el coste fiscal al que se encuentran sometidas las adquisiciones de bienes y derechos por herencia o donación entre familiares directos, cónyuges, descendientes y ascendientes. Además ha supuesto un beneficio medio en donaciones de 7.300 euros.
En el conjunto de la Comunidad esta medida ha beneficiado a 29.780 castellanos y leoneses, con un ahorro fiscal para los contribuyentes de 218 millones de euros mediante la realización de donaciones por valor de 1.444,5 millones de euros.
En este sentido el consejero ha asegurado que la eliminación de este impuesto ha contribuido al crecimiento económico, a la mejora del bienestar de los ciudadanos, así como l incremento de las bases imponibles en otros tributos. Asimismo, esta supresión ayuda al relevo intergeneracional de empresas y negocios, así como al emprendimiento, pues el pago del impuesto no supone un obstáculo para ello.
Además, con esta medida se estimula la demanda interna al generar una mayor disponibilidad de rentas a los contribuyentes de Castilla y León; se incentiva la actividad económica y la inversión, incrementando el consumo por el aumento de la renta disponible para la economía familiar; y se favorece el crecimiento económico y la creación de empleo.
Con la supresión del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, la Junta ha seguido avanzando en el desarrollo de una política fiscal moderada y justa, con bajadas de impuestos, para favorecer el crecimiento económico y el empleo y, al mismo tiempo, apoyar a las familias, autónomos, pymes y medio rural con una fiscalidad favorable.
Mejora de la competitividad fiscal
La bonificación del 99 por ciento del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones de la Junta ha supuesto una mejora de la competitividad fiscal de la Comunidad. De hecho, Castilla y León es la autonomía que más ha avanzado en 2021 en el Índice Autonómico de Competitividad Fiscal, consolidando su posición en 2022.
Así, Castilla y León ha subido siete puestos en un sólo ejercicio hasta alcanzar la cuarta posición, sólo por detrás de Madrid, País Vasco y Canarias, a diferencia de España, que ha retrocedido 11 puestos, situándose en el cuarto por la cola de los 38 países de la OCDE, como consecuencia de la política fiscal desarrollada por el Gobierno de España.
Las comunidades con un mejor índice de competitividad fiscal son las que más probabilidades tienen de atraer actividad empresarial, generando más crecimiento económico y empleo.
Otras bajadas tributarias
Las rebajas impositivas aplicadas por la Junta de Castilla y León, que disminuyen la presión fiscal a familias, jóvenes, autónomos y empresas, se completaron en 2022 con la aprobación de la Ley 2/2022, de 1 de diciembre, de Rebajas Tributarias en la Comunidad.
Uno de sus beneficios es la disminución del IRPF para todos los contribuyentes de Castilla y León, rebajando la tarifa autonómica en el tramo más bajo, minorando un 5,3 por ciento el tipo mínimo, pasando del 9,5 por ciento actual al 9 por ciento. De esta forma, Castilla y León se sitúa como la segunda comunidad autónoma con el tipo mínimo más reducido de IRPF de todo el territorio nacional.
La aprobación de la Ley de Rebajas Tributarias en la Comunidad de Castilla y León también amplía el apoyo a la natalidad en el medio rural, elevando la desgravación por nacimiento o adopción hasta en un 40 por ciento respecto de la general, la deducción más elevada del territorio nacional.
Además, mejora el tipo reducido en la transmisión de inmuebles destinados a ser sede social o centro de trabajo hasta el 2 por ciento, frente al 8 por ciento general; y como apoyo a la continuidad de la actividad agraria, aprueba un tipo reducido del 4 por ciento frente al 8 por ciento general, en la transmisión de explotaciones agrarias prioritarias.
Asimismo, implica una bonificación del 100 por ciento en los arrendamientos de fincas rústicas a agricultores profesionales; la minoración de cuotas de la tasa en materia de industria; la bonificación del 100 por ciento de la tasa general por licencia de caza y pesca, así como la tasa en materia de transporte por carretera y por la prestación de servicios veterinarios.
La Ley también incluye la exención del pago de la tasa por participación en procedimientos para la evaluación y acreditación de las competencias profesionales y por expedición de certificados de profesionalidad.
Ley de Medidas Tributarias, Financieras y Administrativas
Por otra parte, la Ley de Medidas Tributarias, Financieras y Administrativas –que se está tramitando en las Cortes y entrará en vigor con efecto retroactivo a 1 de enero de 2023–, contempla mejoras para las familias numerosas, con una deducción de 600 euros para todas las familias numerosas, con carácter general; 1.500 euros para las familias numerosas con cuatro descendientes; 2.500 euros en el caso de cinco descendientes; y 1.000 euros adicionales a partir del sexto hijo y sucesivos. Además, cuando uno de los cónyuges o descendientes tenga un grado de discapacidad igual o superior al 65 %, las deducciones se incrementarán en 600 euros.
Además, incluye ventajas fiscales encaminadas a apoyar al medio rural y a las familias: la mejora de la deducción en el IRPF por adquisición o rehabilitación de vivienda habitual por jóvenes en zonas rurales, elevando en más de un 10 % tanto el valor máximo de la vivienda sobre el que se va a aplicar la deducción (hasta 150.000 euros), como la base máxima anual de deducción (hasta 10.000 euros anuales).