El juez ha paralizado la implantación de la Zona de Bajas Emisiones en Burgos después de estimar la medida cautelar solicitada del Partido Popular según ha avanzado este jueves la portavoz del Grupo Municipal Popular, Carolina Blasco, quién incide que se está privando a los ciudadanos a decidir al respecto. Blasco ha recordado el procedimiento a seguir: primero se tienen que establecer los objetivos a seguir si la contaminación aumenta y luego determinar las zonas, así como elaborar una ordenanza que regule esas zonas, donde los burgaleses tienen derecho a opinar.
En este sentido ha recordado que su formación lleva más de siete meses exigiendo al equipo de Gobierno que reconduzca la situación con respecto a las Zonas de Bajas Emisiones, sin éxito. Tras la petición de un Pleno extraordinario en el que no se dio ni una sola explicación y un recurso de reposición desestimado por la Junta de Gobierno Local dando carpetazo al asunto y emplazando a ir a los Tribunales, hoy el juez da la razón al Grupo Municipal Popular al estimar que, sin Ordenanza, no puede haber Zonas de Bajas Emisiones. “La suspensión cautelar del contrato de las Zonas de Bajas Emisiones confirma que han fallado todos los controles al tratar de disfrazar procedimientos irregulares con apariencia de buen derecho”, ha señalado Blasco.
Una actuación que comprometía 3,5 millones de euros, cantidad que el equipo de Gobierno pidió que asumiera el propio Partido Popular en caso de tener que acogerse a esta medida cautelar. El juez ha entendido que es un recurso que va en beneficio general de Burgos y no de los populares, además de que no existe una ordenanza que lo regule.
“Daniel de la Rosa, sabedor de todas estas circunstancias no ha querido escuchar a la oposición y ha seguido adelante con una situación de flagrante de irregularidad y de incumplimiento de la norma impropia de un responsable político” ha concluido Blasco, no sin afirmar que espera que el regidor municipal adopte hoy mismo medidas para poner fin a esta situación que ha vuelto a calificar de pelotazo tecnológico, y que de no reconducirse acabará saliendo cara a los burgaleses.
La portavoz del PP ha denunciado también otras «ilegalidades e irregularidades» en la gestión que está realizando el equipo de Gobierno, especialmente en el último medio año, cuando los populares han comenzado a denunciar los contratos. En este sentido recuerda que en estos seis meses, los contratos de Fuegos Artificiales, conciertos de San Pedro, el asfaltado y así hasta doce más, han sido parados por parte del Tribunal de Recursos de Castilla y León.
De hecho, el equipo de Gobierno ha aprobado una convalidación para evitar la fiscalización de uno de los eventos programados para la Noche Blanca. En este sentido, los populares denunciaron que se estaba organizando sin contrato y ahora con esta convalidación pueden pagar la factura de 40.000 euros.
«He asumido como objetivo propio la lucha contra esta situación, la defensa del interés público, del dinero público, frente a un bipartito envalentonado por su mayoría absoluta que no respeta ni a las leyes ni a los burgaleses, a quienes sí que se exige el cumplimiento de la norma», ha señalado Blasco.
Por su parte, el vicealcalde, Vicente Marañón ha acusado al Partido Popular de «judicializar la vida política» y llevarlo todo a los tribunales «para que paralicen la gestión del Ayuntamiento de Burgos» y «torpedear todo tipo de propuestas» y ha anunciado que el equipo de Gobierno presentará un recursos a esta suspensión cautelar. Al mismo tiempo ha comentado que la ordenanza solo es necesaria cuando la Zona de Bajas Emisiones vaya a ponerse en marcha y no en los trabajos previos a su implantación.