La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, exige refuerzos en las plantillas de la Dirección Provincial de Educación de Burgos, mermadas por la movilidad de funcionarios en el último concurso y la acumulación de bajas de larga duración no cubiertas.

Según advierten desde el sindicato, la Dirección Provincial de Burgos, de la que dependen 4.500 empleados públicos en toda la provincia, ha visto reducida en menos de un año su plantilla de 37 a 29 auxiliares administrativos, casi todos ellos interinos y con el nivel más bajo de la carrera profesional. La situación no es mejor para los administrativos, que hace un año eran 10 y ahora son 6, también la mayoría interinos.

Según manifiestan, con la plantilla más cubierta, en la evaluación de riesgos laborales del centro de trabajo realizada en 2021, ya se advertía que se debían tomar una serie de medidas centradas en disponer de recursos suficientes y adecuados para la actividad al objeto de evitar el elevado nivel de fatiga física y mental por estrés que padecen los trabajadores.

«Lejos de mejorar, y sin haber tomado ninguna de las medidas preventivas establecidas en la mencionada evaluación de riesgos laborales, la situación actual obliga a los trabajadores a tomar decisiones que no les corresponden, dada la ausencia de instrucciones desde la Consejería. Además, acumulan mes tras mes horas extras que no les retribuyen, no pueden solicitar las vacaciones cuando desean y utilizan programas informáticos totalmente desfasados», apuntan desde el sindicato. Todo eso se traduce en un aumento de bajas por estrés y depresión.

Al mismo tiempo insisten en que la implantación de las aulas de 2 a 3 años en los colegios ha sido la gota que ha colmado el vaso, dada la descoordinación en la puesta en marcha de la medida.

Por todo ello, CSIF ha registrado un escrito solicitando que de manera urgente se realice una evaluación de riesgos psicosociales en ese centro de trabajo, para que se tomen medidas que garanticen la seguridad y salud de los empleados públicos. Por último, si la Dirección Provincial de Educación de Burgos no toma cartas en el asunto, CSIF no descartan acudir a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

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