El concejal del Grupo Municipal de Vox, Fernando Martínez-Acitores, ha vuelto a criticar este miércoles el «afán recaudatorio y no preventivo» del equipo de Gobierno con los seis dispositivos fotos rojos de nuestra ciudad (ubicados en la avenida Cantabria, calle Vitoria, avenida Arlanzón y avenida del Cid).
En este sentido ha indicado que el Ayuntamiento de Burgos «está en el limbo» con las multas tras las sentencias judiciales que han permitido anular las denuncias por no estar debidamente señalizados. Martínez Acitores ha advertido que solo en 2021 se anularon 8.562 multas y en lo que vamos de año «ya llegaremos a las 5.000».
El concejal de Vox se pregunta cómo va a gestionar el Ayuntamiento de Burgos la devolución de las multas a los conductores que «siguiendo el principio de derecho administrativo» han pagado las sanciones y luego han recurrido, así como a los conductores a los que se les han retirado puntos del carnet de conducir. «El Ayuntamiento va a tener un problemón a la hora de devolver estos importes e incluso las posibles reclamaciones e indemnizaciones que se puedan producir por la retirada de puntos», ha advertido.
Martinez-Acitores ha insistido en que la nueva forma de señalizar los foto rojo de nuestra ciudad, «colocando la señal en el propio poste de la cámara», a pesar de tener visos de legalidad y estar empleándose en otras ciudades «puede no tener fundamento jurídico». Y es que advierte de que la señal avisa de la cámara junto en el mismo lugar en el que está ubicada, por lo que no permite capacidad de reacción al conductor.
«El Ayuntamiento de Burgos no cesa en su afán recaudatorio. Quiere recaudar y no prevenir», ha continuado el concejal de Vox, quien recuerda que en un primero momento el Consistorio publicó en la web del Ayuntamiento las ubicaciones de estos dispositivos pero varias sentencias confirmaron que este planteamiento no era legal, animando a los conductores a presentar denuncia. Ahora se pregunta si la solución de anunciar el dispositivo con una señal en el mismo semáforo tendrá validez jurídica.
Al mismo tiempo ha advertido de que hasta la fecha se han registrado «las peores cifras en los últimos años en seguridad vial» por la ausencia de una política clara en esta materia.