La portavoz de Podemos en el Ayuntamiento de Burgos, Marga Arroyo, ha solicitado en el seno del Consejo de la Gerencia Municipal de Urbanismo, Infraestructuras y Vivienda que el Consistorio establezca las condiciones de adjudicación, construcción y mantenimiento de los apartamentos a promover en el S-4, donde el Consistorio cederá una parcela de 10.000 metros cuadrados a la Junta de Castilla y León. Según ha defendido la concejal, es responsabilidad del equipo de Gobierno “lograr que dichas viviendas se destinen a quienes verdaderamente lo necesitan”.
Desde el área de Fomento se ha informado de la solicitud por parte de SOMACYL (Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León) de cesión de un terreno en el entorno del S-4 en el que se planea promover una edificación de viviendas colaborativas en régimen de alquiler social para jóvenes. Arroyo, que el lunes había presentado el proyecto de Plan de Vivienda para la ciudad, ha defendido que dicha cesión “es una buena oportunidad de ir marcando las líneas maestras que seguirá el futuro Plan municipal” y, por ello, pide que se establezcan condiciones claras y de obligado cumplimiento por parte de la Junta de Castilla y León. Así, se garantizaría que esta edificación comience a cumplir con los “retos a futuro” de las políticas de vivienda del Consistorio.
Por ello, para Podemos es fundamental que la documentación de cesión de la parcela establezca la obligatoriedad de que la elección de la constructora que edificará los apartamentos se desarrolle mediante concurso público y abierto (evitando concesiones directas) mediante un pliego en el que se incluya una detallada memoria de calidades que impida el uso de productos de bajas garantías, que se prime la instalación de sistemas energéticos eficientes y establezca unos compromisos de mantenimiento por parte de la promotora durante el periodo de permanencia de los contratos de alquiler.
Del mismo modo, Marga Arroyo ha detallado que dicha cesión debe estar supeditada, también, al compromiso de que un porcentaje de los apartamentos serán gestionados por el Ayuntamiento de Burgos, incorporándolo a su Parque Municipal de Viviendas y gestionando desde la Gerencia de Servicios Sociales los procesos de selección y determinación de los adjudicatarios de dichos apartamentos. “Creemos que es desde el propio Consistorio desde donde mejor se conoce la realidad social de nuestra ciudad y las necesidades y dificultades de los jóvenes en el acceso a la vivienda”, ha aseverado.
Por último, Marga Arroyo ha señalado que el pliego debe establecer, igualmente, las condiciones de una posible cesión a terceros de los inmuebles. Y que, en opinión de Podemos, el periodo de cesión de la promoción a la Junta debería reducirse desde los 50 años inicialmente contemplados a 25, un plazo “en el que la amortización de la inversión de las constructoras es total al tratarse de suelo cedido de manera gratuita”, ha dicho.
Todo ello porque, ha lamentado Marga Arroyo, “no nos fiamos de la Junta de Castilla y León, de sus procesos de concesión de viviendas protegidas y de adjudicación de las promociones a constructoras”, ha explicado. “La política de la Junta ha destacado por los dedazos, por las polémicas, por los retrasos en los plazos y por la falta de criterios. No podemos permitir que en un suelo municipal se repitan y faciliten este tipo de situaciones”, ha concluido.