La portavoz de En Burgos Podemos, Marga Arroyo, ha presentado esta mañana ante los medios de comunicación la propuesta de Plan de Vivienda que el grupo municipal trasladará al equipo de Gobierno municipal para conseguir que “el acceso a un hogar sea de verdad un derecho” y que se consiga, de esta forma, “frenar la escalada de precios”. Arroyo ha recordado que el Ayuntamiento “tiene las competencias” para controlar el mercado inmobiliario, pero ha apostillado que es preciso que “haya un acuerdo” para lograr que sea un texto “que nos trascienda y sea de aplicación en las próximas legislaturas”, ha apuntado.
Podemos ya llevó al Pleno de octubre de 2021 una proposición para la redacción de un Plan de Vivienda que, ha recordado, “fue aprobado y contó con el compromiso de Daniel Garabito (edil de Urbanismo) de avanzar en su consecución”. Una promesa sobre la que en las últimas semanas “se han dado pasos adelante, ya que el concejal ha pedido a cada grupo que designe a un representante”, ha dicho. A este respecto, Marga Arroyo ha añadido que desde la formación morada “llevamos meses trabajando” y dispone de “un borrador” que pone a disposición del equipo de Gobierno con el fin de que sea “estudiado, valorado y, con las oportunas aportaciones del resto de grupos”, salga adelante.
La portavoz de Podemos en el Consistorio ha recordado que tanto la Constitución, en su artículo 47, como sentencias del Tribunal Supremo establecen el “derecho a una vivienda digna” y que el Estatuto de Autonomía de Castilla y León establece la competencia de los ayuntamientos en materia de vivienda, con capacidad “legislativa, reglamentaria y ejecutiva”, según el artículo 70.1.6, para establecer “política de vivienda, incluyendo medidas urbanísticas, financieras y regulatorias” para hacer efectivo el derecho a la vivienda”.
Dentro de este marco de actuación, Podemos considera que el Consistorio burgalés debe actualizar, en primer lugar, el registro de todos los suelos urbanos o urbanizables para conocer su capacidad de actuación. Podemos ya dispone de este listado “que se nos ha facilitado, debemos admitir, con mucha diligencia” por parte del técnico de Cartografía y Geodesia, al que faltaría por añadir los derechos que al Ayuntamiento le correspondan por cesiones, permutas o cualquier otro título en derecho. Y en segundo lugar, se debería hacer un barómetro actualizado de manera continua a través de un convenio con la Universidad de Burgos, que permitiría estudiar la situación social y económica de los demandantes de vivienda para comprobar si el mercado se ajusta a la demanda real. “Esto nos permitiría conocer los niveles de renta y situación social para así permitir al Plan de Vivienda adoptar medidas que respondan a las necesidades reales”, ha explicado Arroyo.
De esta forma, y con las “estadísticas actualizadas” de manera constante, se trabajaría en la adopción de medidas en dos líneas: de urgencia, para atender a los más desprotegidos y vulnerables, y a medio plazo “para lograr controlar el precio del suelo y evitar su constante alza”, que convierten la vivienda “en un problema social de gran calado”.
En el caso de la primera línea de actuación, el Ayuntamiento garantizaría alternativas habitacionales a las personas en riesgo real de ser desalojadas estableciendo “los sistemas de avales públicos previstos en la Ley Estatal de Vivienda que evite el desahucio por falta de pago de la renta” y potenciaría la adquisición de nuevas viviendas de la Sareb (o banco malo) para su incorporación al Parque Municipal de Vivienda (PMV). “Ya en mayo propusimos al Pleno la compra de estas viviendas y conocemos de primera mano que la Sareb estaría dispuesta a tratar el tema con el Ayuntamiento”, ha añadido. Estas viviendas se pondrían a disposición de la ciudadanía en régimen de arrendamiento “según los criterios establecidos desde el área de Servicios Sociales”.
Promoción de viviendas de alquiler reducido sin coste para el Ayuntamiento
En una segunda línea de actuación, la que posibilitaría el “control” sobre el precio del suelo, el Ayuntamiento cedería sus solares a empresas constructoras para que, a través de la colaboración público-privada, se edifiquen promociones de vivienda de alquiler reducido. “El Consistorio gestionará así de un modo activo los suelos de su propiedad en desarrollo urbanístico”, ha aseverado la portavoz de Podemos. Estas viviendas se adjudicarían desde el área de Servicios Sociales por un periodo “que permita a las promotoras obtener un beneficio, como es lógico”, para revertir posteriormente en el patrimonio del Consistorio, que incrementaría de esta manera su PMV. “El Ayuntamiento no tendrían ningún coste, porque cede suelo de su propiedad, y las empresas constructoras no solo recuperarían la inversión realizada sino que obtendrían rédito”, ha apuntado Marga Arroyo.
La construcción de dichas viviendas se adjudicaría mediante concursos abiertos sometidos a un pliego en el que se establecerían “una memoria de calidades, unas condiciones de mantenimiento de los inmuebles y una limitación de los gastos de comunidad”. Se potenciarían, paralelamente, medidas de ahorro energético, con la implementación de instalaciones sostenibles y la creación de comunidades energéticas a la cabeza. En cuanto a la asignación de las viviendas de alquiler, sería Servicios Sociales quien establecería las mismas, confeccionando, al igual que en las medidas de urgencia “una línea de avales” para garantizar el pago de las rentas.
En resumen, Podemos pone a disposición del equipo de Gobierno un Plan de Vivienda en el que se pone en valor “la capacidad del Ayuntamiento para mejorar la vida de las personas en situación de vulnerabilidad y facilitar a los jóvenes –principalmente- el acceso a una vivienda adecuada, digna y asequible como dicta el mandato constitucional”, ha concluido.